No olvidamos, no romantizamos, no perdemos la esperanza

Nos resistimos a caer en el olvido forzado y en las narrativas que reducen el estallido social solo a sus expresiones violentas y negativas. 

Millones de personas no despertaron una mañana de octubre de 2019 simplemente con ganas de salir a las calles con ollas, cucharas y carteles. Fueron años de desigualdades, abusos, violencia, pensiones miserables, enfermos sin posibilidades, estudiantes de carreras sin oportunidades, dificultades para acceder a la vivienda y a los derechos sociales y mucho más.

No olvidamos las invitaciones a levantarnos más temprano, a calmar la rabia comprando flores, la sensación de profunda y displicente desconexión de nuestras autoridades de la época que se sintieron como bencina para el fuego.

Tampoco olvidamos la urgencia de cambiar las cosas, ni la esperanza. Porque millones de personas no salieron a las calles solamente para expresar su indignación, sino también porque creían que era posible construir un Chile más justo. Hubo organización, solidaridad, expresiones culturales y una ciudadanía que encontró en el espacio público una manera de hacerse escuchar.

Por supuesto, hubo violencia, hubo saqueos, hubo miedo. Nadie puede negarlo ni justificarlo. 

Pero lo que no podemos permitir es que la narrativa actual reduzca el estallido social a sus expresiones más violentas y negativas, eliminando la experiencia de esas millones de personas que se manifestaron pacíficamente, que se organizaron y que alzaron la voz por lo que creían justo. 

Permitir ese relato distorsionado, ese olvido forzado, habilita el avance de las agendas antiderechos que olvidan que la protesta pacífica es un derecho, criminalizándola y buscando cortar de raíz la resistencia que la población puede ofrecer ante gobernantes y decisiones que operan en su contra. 

Que quede claro: la protesta pacífica no es una concesión de las autoridades ni un privilegio que pueda retirarse cuando las demandas incomodan. Es un derecho humano protegido por estándares internacionales, cuyo ejercicio el Estado tiene la obligación de facilitar y garantizar. También cabe aclarar que el rol de las fuerzas de orden no es impedir que las personas se manifiesten pacíficamente, sino protegerlas mientras ejercen ese derecho.

Pero sin duda el principal problema de las nuevas narrativas en torno al estallido –tan útiles para quienes desprecian los derechos humanos– es que solo ponen foco en la violencia de algunos manifestantes, mientras que se relativiza y se apoya el peor tipo de violencia: la que fue ejercida por agentes del Estado. 

Fueron miles las denuncias de uso excesivo e ilegítimo de la fuerza a lo largo de todo el país.  Muchos funcionarios de Carabineros y militares actuaron fuera de todo marco legal, incumpliendo incluso sus propios protocolos institucionales y fueron responsables de torturas, golpizas, mutilaciones, violencia sexual y muertes. Mientras que un sector de la política condena y pone foco contra quienes tiraban piedras, hace la vista gorda cómodamente ante estos crímenes, los peores desde la dictadura. 

Recordar lo ocurrido no significa idealizar el pasado ni desconocer los hechos de violencia, sino defender una memoria honesta, construida sobre los hechos, la evidencia y los testimonios de quienes vivieron lo ocurrido

Hoy, a siete años del estallido social, existen miles de condenas contra quienes cometieron delitos comunes en el marco de las manifestaciones. En esos casos, la justicia actuó rápida y contundentemente. Sin embargo, de las más de 11 mil denuncias de violencia estatal, solo el 1,9% de ellas terminó en sentencias condenatorias. Y de esas, hay apenas 14 personas cumpliendo cárcel hoy. Son precisamente los casos de la campaña “PresosXservir”. Es decir, incluso cuando las condenas fueron ínfimas, hay un sector político que clama por impunidad total y defiende que torturar, mutilar y asesinar es parte de un servicio a la patria. 

Chile no puede permitir tal nivel de impunidad. Cuando quienes tienen la obligación de protegernos vulneran nuestros derechos sin enfrentar consecuencias, el mensaje que recibe la sociedad es gravísimo: que las reglas pueden incumplirse, que el poder puede ejercerse sin rendir cuentas y que incluso las violaciones más graves pueden terminar siendo perdonadas. Entonces, si vamos a hablar de violencia, el foco debe estar necesariamente primero en la violencia cometida por agentes del Estado, porque la impunidad no es únicamente una deuda con las víctimas actuales, sino una amenaza para quienes puedan sufrir nuevas violaciones de derechos humanos en el presente y en el futuro.

Por todo esto es necesario y urgente resistir la narrativa que se nos está forzando. No podemos permitir que los hechos de violencia en las manifestaciones se conviertan en la única historia que se cuenta sobre octubre de 2019. Tampoco podemos permitir que se criminalice la protesta, que las personas tengan terror de salir a la calle a manifestarse pacíficamente por sus derechos, una de las  pocas formas de resistencia con la que cuentan los pueblos. La criminalización de la protesta social contribuye a legitimar políticas represivas y restricciones a las libertades fundamentales, especialmente en un contexto regional de avance de agendas autoritarias y contrarias a los derechos humanos.

Recordar lo ocurrido no significa idealizar el pasado ni desconocer los hechos de violencia, sino defender una memoria honesta, construida sobre los hechos, la evidencia y los testimonios de quienes vivieron lo ocurrido. Significa también reconocer toda su complejidad, exigir justicia para las víctimas y resistir los intentos de borrar las demandas sociales y las violaciones de derechos humanos documentadas. 

No olvidamos las razones que nos llevaron a las calles. No puede haber olvido, menos cuando a través de la ley de presupuesto se quiere retroceder fuertemente en la garantía de derechos sociales. No olvidamos la rabia, pero tampoco la esperanza. No olvidamos a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos ni la justicia que todavía se les debe. 

No olvidamos porque hacer memoria es defender el derecho a la protesta, exigir que quienes cometieron delitos –todos ellos– respondan ante la justicia y mantener viva la convicción de que un país más justo sigue siendo posible. Es también asumir una responsabilidad con el futuro: garantizar que las nuevas generaciones puedan ejercer sus derechos sin que la historia vuelva a repetirse. Solo de esta manera –haciendo memoria– podremos evitar repetir la historia.

Por Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

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