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«Permisología» es un término coloquial y periodístico —no un término técnico ni legal— que se usa en Chile y otros países latinoamericanos, popularizado originalmente en Venezuela desde hace un par de décadas, para referirse peyorativamente al conjunto de trámites, autorizaciones y evaluaciones que un proyecto, principalmente de inversión (minero, energético, inmobiliario, de infraestructura, o de índole social), debe cumplir antes de poder ejecutarse: permisos sectoriales, evaluación ambiental (SEIA), derechos de agua, permisos municipales, sanitarios, etc.
Desde el punto de vista del lenguaje, algunos señalan que es un neologismo etimológicamente irregular, ya que el sufijo «-logía» denota «ciencia o estudio de», y no existe tal disciplina. Sin embargo, su uso sarcástico busca sugerir que navegar por esta red de trámites tildados de arbitrarios requiere, irónicamente, una «disciplina» o «ciencia» absurda en sí misma.
El problema que denuncia el término no es que cada permiso individual sea ilegítimo, sino que hay muchos, tramitados por decenas de servicios distintos, aparentemente sin mayor coordinación entre ellos, lo que multiplica los tiempos totales —permisos de mayor complejidad han llegado a un promedio de 17 meses de tramitación— y en la práctica funciona como un costo adicional a cualquier inversión (como puede ser el costo de oportunidad), hasta constituir, según algunos, «un impuesto más a las empresas inversoras». De todas formas, conviene tener como referencia mínima a los países de la OCDE, que logran resolver trámites equivalentes en un promedio de 4 a 5 meses, gracias a la digitalización, la ventanilla única y la confianza en declaraciones juradas con respaldo técnico profesional. Hay un tema de confianza involucrado.
Este es un tema activo en la agenda: hace poco (comienzos de 2026) se publicó la «Ley 21.770 Marco de Autorizaciones Sectoriales», que busca modernizar más de 380 permisos que hoy dependen de 37 servicios públicos y reducir entre 30% y 70% los tiempos de tramitación, y actualmente hay un equipo del Ministerio de Economía trabajando en implementarla antes de que termine este gobierno. Es necesario imponer plazos fijos y acotados para las respuestas de las distintas instancias del Estado.
A pesar de todo, la permisología no es un exceso de recursos asignados a una función (eso sería grasa, aunque también puede contenerla), ni tampoco, en la casi totalidad de los casos, una función sin ninguna necesidad que la respalde. La permisología es un sistema. El problema es que no está modernizado. El hecho de que, para una misma necesidad (ejecutar un proyecto cualquiera), se deba pasar por demasiadas entidades —burocracia horizontal— y demasiados niveles sin coordinación entre ellos —es decir, burocracia vertical— para ser aprobado o rechazado, ralentiza los proyectos de inversión.
Según el Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP) 2025, elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián (USS), este costo alcanzaría los US$2.960 millones en dicho año (0,9% del PIB), calculado con base en la pérdida económica generada por los retrasos en la tramitación de proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), considerando el monto de inversión, la rentabilidad esperada y los plazos de demora.
No obstante, como se dijo, las funciones del Estado involucradas en los procesos de los permisos tienen razones de ser, y su propósito es generalmente el resguardo de los patrimonios de la nación, el bienestar de sus habitantes y la protección de la propiedad pública y privada. Por lo tanto, el tema no es qué tanto se quiera proteger (lo que va siempre en aumento, dado que continuamente aparecen nuevas realidades que antes nos eran invisibles), sino qué tan eficiente se es para gestionar esa protección por parte del Estado, y su cumplimiento por parte del inversionista.
Esto reduce el problema a dos frentes: la ‘eficientización’ (por así llamarla) del aparato estatal para reducir los plazos de respuesta a las presentaciones del inversor (y no a la eliminación de los requerimientos del Estado para autorizar las inversiones); y la agilidad que le imprima el inversionista a sus propios trámites, siempre que las respuestas institucionales se encuentren debidamente automatizadas y gestionadas eficientemente.
Las empresas inversoras podrán contar con sus propios técnicos para llevar a cabo estos procedimientos asociados a la obtención de los permisos, o contratar servicios de terceros. Estos terceros podrán estar certificados en un registro nacional de “lobistas técnicos”, al cual, para pertenecer, se requeriría encontrarse certificado por un centro de certificación.
La permisología es un sistema. El problema es que no está modernizado
Hoy, con auxilio de la inteligencia artificial, es posible contar con agentes que hagan gran parte del trabajo, incluso la totalidad del mismo, por parte del Estado y, de igual forma, por ser estas herramientas universales, el privado también puede desarrollar sus agentes para agilizar sus procedimientos.
Sin embargo, debido a su impacto para el inversionista, en varios países se están impulsando agendas legislativas de «simplificación de trámites» o «celeridad administrativa». Estas iniciativas buscan combatir la permisología reemplazando permisos complejos por declaraciones juradas, implementando ventanillas únicas o estableciendo plazos máximos de respuesta, especialmente para proyectos de bajo riesgo.
Estas declaraciones juradas no pueden salir de la nada ni ser producto de una intuición. Tales declaraciones juradas deberían basarse en hechos, y las empresas, entonces, deberían realizar estudios en los que basar sus juramentos. Entonces, si los estudios los favorecen, ¿por qué no transparentarlos?, ¿por qué no pasarlos a un sistema ágil, seguro y transparente? Este sistema propuesto, moderno, conectado e integrado, dejaría de ser un obstáculo, y se respetarían las salvaguardas ya mencionadas.
¿Será posible que la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales cumpla con los objetivos de protección de la anterior permisología, pero de manera más expedita?
Referencias
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El autor agradece el uso de herramientas de IA para la revisión de este manuscrito y por aportes técnicos.
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