No todo puede hacerse al mismo tiempo. La siguiente secuencia respeta las restricciones políticas y fiscales de Chile mientras maximiza el impacto en los grupos más vulnerables.
| Horizonte | Medidas prioritarias |
| AÑO 1 (2026-2027) | Ampliar Seguro de Cesantía en duración y monto. Escalar Talento Digital a 100.000 becas/año. Piloto de Renta de Transición Tecnológica con 5.000 personas. Reforma del SENCE con contratos de desempeño. Aplicar efectivamente el impuesto mínimo global del 15%. |
| AÑOS 2-3 (2027-2029) | Implementar Impuesto a Servicios Digitales. Crear Cuenta Individual de Formación universal. Piloto de semana de 4 días en el sector público. Lanzar Observatorio de Anticipación Sectorial. Programa específico para trabajadores mayores de 50 años. |
| AÑOS 4-5 (2029-2031) | Crear Fondo Soberano Tecnológico chileno. Lanzar piloto de Renta Básica Universal con evaluación rigurosa. Generalizar acuerdos sectoriales de jornada reducida con contratación. Instalar Consejo Nacional de Transición Tecnológica tripartito. Aprobar Carta de Derechos Laborales Digitales. |
6.1 ¿Quién financia?
VII. CONCLUSIÓN: EL COSTO DE NO ACTUAR
La pregunta no es si Chile se verá afectado por la automatización tecnológica. Ya lo está. La pregunta es si la transición será gestionada con políticas deliberadas o dejada al libre mercado, que históricamente ha concentrado los beneficios del cambio tecnológico y socializado sus costos.
La experiencia internacional es clara: los países que construyeron sistemas robustos de protección laboral, invirtieron en formación continua universal y diseñaron mecanismos para distribuir las ganancias de la productividad atravesaron transiciones tecnológicas anteriores con menor desigualdad y mayor cohesión social. Los que no lo hicieron pagaron décadas de fractura social.
Chile tiene la oportunidad —y los recursos potenciales— para hacer las cosas de manera diferente. Tiene el cobre, tiene el litio, tiene una clase técnica y profesional en expansión, y tiene la ventaja de poder aprender de los errores de quienes fueron primero. Lo que falta es voluntad política para abrir un debate que incomoda a los sectores empresariales que más se benefician de la automatización, y capacidad de construir los consensos necesarios para financiar la transición de quienes menos pueden costearla por su cuenta.
La pregunta no es si Chile se verá afectado por la automatización tecnológica. Ya lo está
El costo de no actuar no es abstracto. Son 3,2 millones de personas en empleos en riesgo —muchas mayores de 45 años, muchas en informalidad, muchas sin las herramientas digitales mínimas para adaptarse. Para ellas, la pregunta no es filosófica: es si tendrán ingresos el próximo año.
La tesis central de este documento
La Inteligencia Artificial y la robótica son herramientas extraordinarias para aumentar la productividad y el bienestar humano. Pero sin políticas deliberadas de distribución, reconversión y protección, producen más riqueza para menos personas. Chile puede y debe aprovechar la experiencia internacional para construir un modelo de transición justa: que la tecnología sirva al trabajo, y no al revés.
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