La tragedia vivida en el Hogar El Edén de Pitrufquén, donde 16 adultos mayores perdieron la vida tras un voraz incendio nocturno, reactiva una dolorosa herida abierta en la memoria nacional. Seis años antes, en agosto de 2018, la residencia Santa Marta de Chiguayante se convertía en el escenario de un desastre similar al cobrarse la vida de 10 adultas mayores. Más allá del impacto numérico y la angustia de las familias obligadas a someterse a complejas pruebas de ADN para identificar los restos de sus seres queridos, la comparación entre ambos siniestros revela un patrón sistemático de vulnerabilidad operativa e insuficiencia en la fiscalización estatal.
Las similitudes entre las circunstancias de ambas catástrofes son inquietantes. En Chiguayante, el fuego se desató de madrugada en un módulo habitacional donde dormían 13 residentes con movilidad reducida, de las cuales solo tres lograron salvarse. En Pitrufquén, el siniestro ocurrió pasadas las 22:00 horas en el sector de dormitorios, afectando a un grupo de 26 adultos mayores. En ambos casos, las llamas se propagaron con rapidez por construcciones de madera o módulos habitacionales, teniendo como origen o principal hipótesis fallas en sistemas de calefacción e instalaciones, tales como deficiencias en el mantenimiento e instalación de estufas a leña, fugas de gas o cortocircuitos.
Sin embargo, el eje central donde se concentra la responsabilidad de las autoridades radica en la supervisión sanitaria y la falta de medidas preventivas oportunas. La tragedia de Pitrufquén expone una falla institucional crítica: el establecimiento operaba con solo un cuidador para atender a 26 residentes durante la noche y acumulaba cinco sumarios sanitarios en los últimos siete años. Pese a que la Seremi de Salud reconoció que «persistían los vicios» en el lugar, no se decretó su clausura porque la medida «se estaba evaluando». De manera análoga, en Chiguayante, mientras los familiares denunciaron negligencia en la revisión de estufas, las autoridades comunales y del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) destacaban que el recinto contaba con permisos al día y más de 50 años de trayectoria sin sanciones previas. En ambos escenarios queda de manifiesto la incapacidad de los organismos de control para detectar o mitigar riesgos inminentes antes de que devengan en fatalidades.
La respuesta pública ha seguido la misma lógica reactiva en ambos episodios. Tras ocurrir los siniestros, se despliegan autoridades nacionales y regionales —desde visitas presidenciales y ministeriales hasta la presencia de subsecretarios y delegados— para coordinar traslados de emergencia, dictar duelos comunales y ofrecer asistencia a los sobrevivientes. Aunque la contención posterior es prioritaria, la obligación primordial del Estado es la prevención estricta. Permitir que residencias continúen funcionando con dotaciones de personal insuficientes o con sumarios sanitarios abiertos sin resolución definitiva dilata la protección debida y deja desamparadas a las personas en situación de dependencia.
La reiteración de estos siniestros demuestra que la causa no radica únicamente en accidentes fortuitos, sino en la combinación de infraestructura vulnerable, falta de personal nocturno y una fiscalización tolerante o tardía. Las autoridades no pueden limitar su rol a la querella posterior contra sostenedores o a la gestión de la emergencia. Se requiere una reforma estructural al sistema de supervisión de los hogares de larga estadía en Chile, garantizando que las fiscalizaciones sanitarias derivaren en exigencias inmediatas y que la seguridad de los adultos mayores no quede en riesgo por demoras administrativas.
Aunque la contención posterior es prioritaria, la obligación primordial del Estado es la prevención estricta
Cristian Pareja Diaz
Ingeniero en Administración
Diplomado en Gestión de Riesgo
Los contenidos publicados en elquintopoder.cl son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.
Te invitamos a conocer nuestras Reglas de Comunidad