La transición hacia la electromovilidad avanza a paso firme en las distintas regiones del país. Muestra de ello es la reciente incorporación de nuevas flotas de transporte público ecológico, como los 15 buses eléctricos sumados al sistema del Gran Concepción para fortalecer el estándar de transporte de alta calidad. Sin embargo, este acelerado despliegue tecnológico de vehículos impulsados por baterías de iones de litio trae consigo un reverso crítico que rara vez recibe el presupuesto y la atención necesaria: la escasa inversión y preparación para el control de emergencias e incendios específicos en este tipo de vehículos.
El peligro oculto: El embalamiento y sus riesgos
A diferencia de los automóviles con motores de combustión interna tradicional, los vehículos eléctricos operan con acumuladores de energía de alta capacidad basados en iones de litio. Cuando estas celdas sufren daños por colisiones, sobrecalentamiento, cortocircuitos o fallas en los ciclos de carga rápida, pueden desencadenar un embalamiento térmico (thermal runaway).
Este fenómeno químico se caracteriza por:
La brecha tecnológica: Soluciones avanzadas VS. Escasa Inversión
A nivel industrial y técnico, existen innovaciones punteras para mitigar estos riesgos, tales como:
No obstante, la inversión pública y privada destinada a dotar a los servicios de emergencia (como bomberos) y a la infraestructura urbana con estas tecnologías es notoriamente insuficiente. Las normativas internacionales —como la recién incorporada categoría de riesgo Clase L en la norma ISO 3941:2026 para incendios de baterías de litio— evidencian que el riesgo es único y requiere un tratamiento especializado, un estándar que los presupuestos locales de emergencia aún no logran alcanzar de forma masiva.
El espejo internacional y la urgencia legislativa
Mientras potencias como China han implementado normativas estrictas que exigen estándares de «cero fuego y explosión» en baterías a partir de julio de 2026, y países europeos como España adaptan sus reglamentos de protección contra incendios (RIPCI y Código Técnico de la Edificación) para garajes y zonas de recarga, en el ámbito local las discusiones parlamentarias (como el Boletín 18042-22 sobre la obligación de equipamiento especializado en estacionamientos) reflejan una urgencia ineludible: la infraestructura de seguridad va muy por detrás del parque automotriz eléctrico.
La electromovilidad es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la reducción de la contaminación urbana
Los cuerpos de bomberos y rescatistas a menudo carecen de los equipos de protección respiratoria avanzada, mantas térmicas, herramientas de perforación y protocolos centralizados universales para enfrentar con total seguridad la toxicidad y complejidad química de un incendio de vehículos eléctricos.
La electromovilidad es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la reducción de la contaminación urbana. Sin embargo, fomentar la adopción masiva de buses y automóviles eléctricos sin acompañarlo de una inversión proporcional en seguridad, infraestructura de mitigación y capacitación especializada para emergencias convierte a nuestras ciudades en escenarios vulnerables. Es imperativo que tanto el Estado como los operadores privados cierren esta brecha presupuestaria y normativa antes de que los incidentes superen la capacidad operativa de respuesta de nuestros equipos de emergencia.
Cristian Pareja Diaz
Ingeniero en Administración
Diplomado en Gestión de Riesgos y Desastres
www.gestionderiesgosydesastres.cl
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