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«Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres.» — Papa Francisco
I.- La herida abierta del centralismo
El sesgo centralista de Chile no es una abstracción ni una vieja discusión presupuestaria: es una herida social y ética abierta. La reciente gestión del presidente José Antonio Kast frente a las catástrofes climáticas en Coquimbo y Las Condes dejó al descubierto la cara más cruda de la desigualdad: en nuestro país, la velocidad de la ayuda estatal y el resguardo de la dignidad humana dependen del código postal en que se habite. Mientras los vecindarios de la precordillera de Santiago contaron con todo el aparato estatal en cuestión de horas, en la Región de Coquimbo miles de familias debieron soportar casi una semana de abandono bajo el barro. Esta disparidad no responde a dificultades logísticas, sino a una priorización inaceptable que deforma el sentido mismo de la función pública.
II.- El imperativo del Humanismo Cristiano y la pasividad política
Desde la perspectiva del humanismo cristiano y de una auténtica economía social de mercado, el Estado existe para garantizar el bien común y proteger la primacía de la persona, especialmente de los más vulnerables. La doctrina social de la Iglesia —desarrollada en encíclicas fundamentales, desde Quadragesimo Anno hasta Sollicitudo Rei Socialis y Fratelli Tutti— sostiene dos pilares indisociables: la solidaridad y la subsidiariedad. La subsidiariedad exige descentralizar y fortalecer las capacidades locales; la solidaridad demanda una opción preferencial por los postergados. Sin embargo, lo ocurrido en el Norte Chico constituye la negación de ambos principios: se asfixió la autonomía de las comunas y se postergó el auxilio a familias devastadas, lo que contraviene el destino universal de los bienes.
Frente a esta lacerante realidad, resulta profundamente preocupante la ausencia y pasividad de la Democracia Cristiana, un partido cuyo fundamento ideológico es, precisamente, el humanismo cristiano. En momentos de crisis humana como este, un colectivo guiado por la doctrina social debería alzar la voz, liderar la condena pública y denunciar sin componendas las profundas injusticias de clase y territorio que, en pleno siglo XXI, siguen castigando a nuestro pueblo.
III.- El abismo presupuestario y las dos caras de la tragedia
Las cifras de los daños dimensionan ambas realidades. En Coquimbo, la catástrofe dejó seis fallecidos, cerca de 13.000 damnificados y más de un millar de inmuebles destruidos o con daño mayor, además de poblados aislados por el colapso de caminos, puentes y agua potable. En Las Condes, si bien el aluvión provocó 384 damnificados, seis lesionados y 2.016 viviendas afectadas (56 con destrucción total y 40 con daño mayor), la inmediata inyección de recursos e infraestructura pública evitó que hubiera pérdidas humanas que lamentar.
La desigualdad se refleja también en la asignación presupuestaria. Mientras la Región Metropolitana recibe partidas colosales —el presupuesto de su Gobierno Regional alcanza históricamente los $205.978 millones—, el Gobierno Regional de Coquimbo cuenta con un presupuesto anual de inversión que ronda apenas los $97.641 millones. Someter las emergencias locales a la burocracia ciega de Santiago rompe la equidad territorial y cuesta vidas al retrasar la respuesta elemental. Por eso, una auténtica economía social de mercado no consiste en el libre juego del capital en comunas prósperas: exige reformar la Ley de Rentas Municipales para evitar que la riqueza tributaria generada en regiones quede retenida en las casas matrices de la capital.
En nuestro país, la velocidad de la ayuda estatal y el resguardo de la dignidad humana dependen del código postal en que se habite
IV.- Dos velocidades ante la emergencia y el olvido de la memoria histórica
La cronología confirma este trato diferenciado. En Las Condes, el desborde en San Carlos de Apoquindo movilizó al Ejecutivo de forma instantánea: en tres horas se decretó el Estado de Catástrofe, mientras ministros y subsecretarios interrumpieron sus agendas para desplegar maquinaria pesada, instalar vacunatorios móviles y coordinar el restablecimiento de servicios. En contraste, el Gobierno tardó seis agónicos días en firmar el mismo decreto para Coquimbo.
Resulta desconcertante que en una patria golpeada sistemáticamente por la naturaleza —moldeada por terremotos, maremotos, aluviones e incendios forestales devastadores— el Estado no parezca haber aprendido nada de su propia memoria histórica. Pese a que la geografía nos exige ser maestros en prevención, gestión del riesgo y auxilio oportuno, la institucionalidad tropieza una y otra vez con la misma piedra, improvisando ante la tragedia y demostrando que la experiencia acumulada se disipa en los pasillos de la burocracia central.
Las explicaciones del Ejecutivo resultan, además, insostenibles. Argumentar que desplegar un puesto de mando regional «requiere días» es un insulto al país real. Las amargas denuncias del alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, y del gobernador regional, Cristóbal Juliá, quienes acusaron que a las regiones se las trata como «ciudadanos de segunda categoría», cobran aún más fuerza frente a la capacidad de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, para exigir al instante piscinas decantadoras y radares de alerta temprana.
V.- Conclusión: La descentralización como imperativo ético
En definitiva, cuando la vida, el techo y la dignidad de las familias están en juego, el Estado no puede actuar bajo una lógica centralista ni clasista. Rediseñar la descentralización no es un mero debate técnico de economistas: es un imperativo ético e impostergable para garantizar que el valor de la vida humana jamás vuelva a medirse por el valor del suelo que se habita.
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