Memoria sin dueño: el golpe que todos usan y nadie asume

«La historia es un conjunto de mentiras sobre las que la gente está de acuerdo». Voltaire

El 11 de septiembre de 1973 no fue un hecho fortuito ni aislado, sino el colapso de una democracia debilitada por responsabilidades compartidas en todo el espectro político. La izquierda, encabezada por el gobierno de la Unidad Popular, contribuyó a la crisis al impulsar transformaciones radicales sin contar con las mayorías institucionales, tensionando el marco legal y tolerando discursos de polarización ideológica. La derecha y los sectores conservadores, por su parte, promovieron la desestabilización económica, la parálisis política y el boicot institucional, y llamaron abiertamente a la intervención militar en alianza con presiones extranjeras, como el financiamiento de Estados Unidos a la oposición y a medios como El Mercurio, hoy documentado en miles de cables desclasificados de la CIA. En medio de esta espiral, el centro político fue incapaz de pactar salidas negociadas: abandonó el diálogo institucional y dejó el camino despejado para la irrupción de las Fuerzas Armadas.

Tras la caída del régimen democrático sobrevino la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, cuya consecuencia más dolorosa para el pueblo chileno fue la instauración de un régimen de terror institucionalizado. La represión sistemática se tradujo en ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas en centros clandestinos y el exilio masivo de miles de compatriotas; los informes Rettig y Valech reconocen oficialmente más de 40.000 víctimas, entre ellas cerca de 3.200 ejecutados o detenidos desaparecidos. El dolor popular se profundizó, además, con la pérdida de derechos laborales, la supresión de libertades civiles y el costo social de los reajustes económicos, que hundieron a vastos sectores en la pobreza mientras se clausuraba todo espacio de protesta o participación democrática.

Con el paso de las décadas, el golpe del 11 de septiembre de 1973 se ha convertido en objeto de una constante instrumentalización política. Para la derecha, el momento se invoca estratégicamente bajo la narrativa del “pronunciamiento” o “acto de salvación nacional”, justificado como un hito inevitable para detener la amenaza marxista, el caos social y el quiebre constitucional atribuido a la Unidad Popular. Para la izquierda, en cambio, esa jornada constituye el símbolo definitivo de la agresión de las élites: una herramienta para reclamar un monopolio de superioridad ética, deslegitimar de raíz la vocación democrática de sus adversarios y disimular las deficiencias de su propio proyecto político.

El periodo dictatorial sigue utilizándose de forma utilitaria por ambas fuerzas. La derecha tiende a parcelar la gestión del régimen, separando el modelo económico y la modernización del Estado de las atrocidades cometidas contra los derechos humanos; eso ignora que una obra de gobierno se analiza como un todo indivisible. La izquierda, por su parte, presenta todo el periodo como una oscuridad absoluta e irredimible: esa visión maniquea, según la cual nada de lo realizado tuvo valor ni legitimidad, le permite transformar la dictadura en su principal pilar de cohesión ideológica y recurrir a esa negación total para descalificar a sus opositores y movilizar a sus bases en cada crisis.

Nada justifica las violaciones a los derechos humanos, y nada justifica la degradación deliberada de la democracia representativa ni el quiebre del Estado de derecho

Hoy, el centro político enfrenta este dilema de forma errática, defensiva y fragmentada. Por momentos sucumbe a la asimilación de los extremos: cede a la narrativa de la izquierda aceptando culpas implícitas cuando predomina la agenda identitaria, o replica el marco de la derecha justificando los “contextos” cuando prima la agenda de seguridad. En otros, cae en una “amnesia funcional” que elude el debate histórico mediante un llamado vacío a “mirar hacia el futuro”, dejando el terreno de la memoria enteramente en manos de los discursos polares.

Para romper esta inercia, el centro político debería asumir un rol activo, pedagógico y de honestidad democrática. Esto exige, primero, una autocrítica sin matices sobre su incapacidad en 1973 para evitar la violencia, reconociendo que llamar a un arbitraje militar fue un error de proyecciones devastadoras. Exige, además, un principio innegociable: nada justifica las violaciones a los derechos humanos, y nada justifica la degradación deliberada de la democracia representativa ni el quiebre del Estado de derecho.

La instrumentalización perpetua del 11 de septiembre y de la dictadura le hace un daño profundo a Chile. Al convertir el dolor histórico y las divergencias del pasado en armas arrojadizas de la coyuntura política, se imposibilita construir una memoria compartida y un consenso genuino sobre la convivencia democrática. Esa dinámica perpetúa una trinchera ideológica que impide debatir con pragmatismo los problemas reales del presente —como la seguridad, las pensiones o la educación— y condena al país a reincidir en la polarización, sacrificando el desarrollo de un proyecto de nación unitario hacia el futuro.

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Roberto Lisboa Valle

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