Comisión de vivienda y plan de emergencia habitacional

Se presentó informe de Contraloría titulado “Informe Final N.° 421/2025”, con anomalías detectadas en la gestión del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo bajo el exministro Carlos Montes, que los diputados y diputadas en la Comisión de Vivienda N.° 7/2026, del 13 de mayo de 2026, consultaron y comentaron. Es una suerte de segunda parte, considerando la sesión N.° 6/2026 del 06.05.26, donde asistió el exministro, invitado por la comisión. El status del Informe N.° 421/2025 no cambia con esta acción, pero los incumbentes de la comisión se hacen conscientes de eso. Indicó la contralora que, para hablar de faltas, se deben esperar sumarios administrativos para esclarecer los hechos y responsabilidades administrativas.

Agregó la contralora Dorothy Pérez que no era necesario enviarlo al Ministerio Público porque los hechos no revisten carácter de delito. Investigan las responsabilidades administrativas y civiles. No hicieron presente reparos para iniciar la recuperación de dineros porque no hay norma específica que haya sido vulnerada. Globalmente visto el plan, adquirir terrenos donde no había alta demanda y a precios más altos del monto considerado implica riesgo, pero no hay certeza de delito. No quedó dictado el reglamento de la ley; por lo tanto, tampoco hay respaldo del procedimiento aclaratorio en virtud de este informe.

Hicieron cruce de información para determinar si había conflicto de interés en las compras de terrenos, de los principales funcionarios que intervinieron y las personas naturales y fundaciones dueñas de terrenos. No se encontraron conflictos.

Recordó la diputada Nuyado que, aun con el mérito de este informe, es genérico y no da cuenta de la situación más puntual en cada uno de los territorios, por ejemplo, la adquisición de 31,63 hectáreas en Osorno que después se supo que contenían humedales. Hay todavía 1300 familias que no tienen vivienda y al actual ministro Poduje le va a tocar resolver esa situación.

La contralora Pérez responde sobre consulta de la diputada Charpentier respecto de la ejecución de una ley sin reglamento, que lamentablemente es frecuente. Las leyes se ejecutan de todos modos, pero es obligación de la cartera correspondiente dar curso a los reglamentos. Es parte de la materia que debe investigarse en el sumario administrativo.

Aclara que la CGR no puede adelantarse a declarar responsabilidades administrativas, porque eso es materia de sumarios. “¿Por qué no hay consecuencias tras las investigaciones de la CGR? Porque quien detenta la potestad disciplinaria es la autoridad del servicio en cuestión”, señala Pérez. Y esto pasa en las municipalidades y el Gobierno Regional también. Hay un proyecto de ley en curso sobre esta materia para delegar la potestad sancionatoria en la CGR para casos graves.

No quedó dictado el reglamento de la ley; por lo tanto, tampoco hay respaldo del procedimiento aclaratorio en virtud de este informe

También señaló que la compra de Osorno señalada por la diputada Nuyado fue objetada por no estar originalmente en el plan de emergencia y no estar aclarada formalmente en dicho plan. Se considera objetable porque, al comprar donde no estaba previsto, se atrasa la compra en otros lugares donde sí se contemplaba. La compra no se invalidará, pero dificulta continuar la ejecución del plan de emergencia habitacional.

La diputada Ana María Gazmuri recuerda que hay muchas leyes sin reglamento y esto se debe superar. Le llama la atención la enorme diferencia en el tono que se observa de la sesión anterior, cuando estuvo el ministro Montes, llena de imputaciones de delitos que, a la luz de esta sesión aclaratoria con la contralora, se ve que no es así efectivamente. Consultó a la contralora si ve en el modelo de gobernanza y gestión de suelos del MINVU limitaciones que compliquen el seguimiento y trazabilidad para futuras acciones en esta materia. Respondió Dorothy Pérez que no evaluaron el modelo de gobernanza del MINVU, por falta de elementos y competencias en ese aspecto.

Aclara Dorothy Pérez que la CGR no puede perseguir responsabilidad administrativa del ministro, porque son autoridades y no les corresponde, ya que para eso hay un estatuto constitucional especial.

Una pregunta para la comisión y la ciudadanía sería: ¿con qué reglamento, con qué trazabilidad, con qué participación ciudadana y bajo qué plan de emergencia habitacional se sigue trabajando por el derecho a la vivienda de las familias que esperan?.

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Felipe Durán Martínez

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