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Seguridad y Excepción: Examen Crítico de la Reforma Constitucional

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«Para que no se pueda abusar del poder, hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.» Montesquieu

La crisis de seguridad y la expansión del crimen organizado plantean un desafío que el Estado no puede eludir: proteger a las personas y recuperar el control territorial sin debilitar la dignidad humana ni las garantías del Estado de Derecho. La reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo busca incorporar nuevas herramientas frente a amenazas graves a la seguridad pública. Su discusión exige preguntarse qué puede hacer el Estado, quién controla ese poder y bajo qué límites.

Seguridad y subsidiariedad

En circunstancias excepcionales, las Fuerzas Armadas pueden colaborar con las policías, pero esa intervención debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada a la autoridad civil. Así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México (2018), al fijar los estándares que legitiman la participación militar en tareas de seguridad pública.

Desde el Humanismo Cristiano, la seguridad no puede entenderse separada de la persona. Retomando la fórmula agustiniana de la «tranquilidad en el orden», Jacques Maritain sostuvo que la paz verdadera se funda en la justicia. Fortalecer al Estado no significa otorgarle un poder ilimitado, sino dotarlo de instrumentos eficaces sometidos a controles que impidan su arbitrariedad. La excepción debe seguir siendo excepción.

El nudo constitucional: 240 días

El punto más delicado de la propuesta es el nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública. El proyecto incorpora un nuevo artículo 42 bis a la Constitución y permite al presidente declararlo por hasta 120 días, con una prórroga adicional de hasta 120 días sin autorización previa del Congreso. Solo las prórrogas posteriores requerirán acuerdo parlamentario.

La diferencia con el actual Estado de Emergencia, regulado por el artículo 42 de la Constitución, es sustantiva. Hoy el presidente puede declararlo por 15 días y prorrogarlo por otros 15; las prórrogas sucesivas requieren acuerdo del Congreso. La Ley N.º 21.654, que modificó la Carta Fundamental en materia de prórrogas sucesivas del estado de excepción, permite, desde la sexta prórroga, períodos de 30 días, con aprobación parlamentaria.

El problema no es que el Ejecutivo disponga de herramientas extraordinarias, sino que pueda usarlas ocho meses antes de requerir autorización parlamentaria. A mayor duración de la excepcionalidad y mayor intensidad de las facultades, mayor debe ser la intensidad de los controles.

Comunicaciones, libertad y patrimonio

La propuesta amplía las facultades presidenciales: permite restringir la libertad personal y de locomoción, restringir los derechos de reunión y asociación, interceptar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.

La excepción debe seguir siendo excepción

El artículo 19 N.º 5 de la Constitución protege la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas. La Corte Interamericana, en el caso Escher y otros vs. Brasil (2009), consideró que la interceptación afecta la vida privada y exige garantías frente a la arbitrariedad. Por eso, incluso en excepción, estas facultades deben sujetarse a necesidad, proporcionalidad, delimitación territorial y control efectivo.

Las requisiciones patrimoniales también deben limitarse: combatir el financiamiento del crimen organizado es indispensable, pero la eficacia no puede convertir la propiedad y las garantías judiciales en derechos disponibles para la autoridad.

Una excepción democrática

La Doctrina Social de la Iglesia y el personalismo cristiano parten de una premisa que Juan XXIII expuso en Pacem in Terris (1963): la persona es anterior al Estado, que existe para servir al bien común. Por eso, la seguridad no puede construirse contra la libertad, sino para hacer posible su ejercicio.

Luigi Sturzo advirtió sobre los riesgos de la concentración del poder político. Un Estado fuerte no es el que carece de límites, sino el que posee autoridad suficiente para enfrentar las amenazas sin dejar de responder ante la ley.

Conclusión

Combatir el crimen organizado es un deber ético e ineludible del Estado. La Democracia Cristiana no puede confundir la defensa del Estado de Derecho con la pasividad frente a quienes lo desafían, pero tampoco aceptar que la urgencia convierta la excepcionalidad en normalidad.

Por ello, la posición responsable de sus parlamentarios debiera ser aprobar la idea de legislar, para no eludir un debate indispensable, y asumir una discusión particular exigente. Fortalecer las capacidades del Estado, sí; ampliar sus facultades sin controles suficientes, no.

Chile necesita un Estado con autoridad para proteger a sus ciudadanos, pero también con límites para que, al defender la seguridad, no termine debilitando aquello que está llamado a proteger: la libertad, la dignidad de la persona y la democracia.

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1 Comentario

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El poder no ha detenido al poder… Cuando el señor Borik ostentaba el poder, no había poder que lo detuviera… Todos veíamos cómo desfalcaba al Estado, destruía programas, no asistía a la gente, pero, no hubo poder que le quitara el poder, hasta que su tiempo como convertidor de Chile en la tumba del neoliberalismo se acabó…

Cuando el poder se usa para hacer el mal, el poder de ese mal no luchará contra sí mismo, así como indica Jesucristo en los evangelios diciendo que los demonios no luchan contra los demonios, ya que Satanás no expulsa a Satanás, sino que solo alguien más fuerte puede entrar a la casa del demonio y atarlo y echarlo…

Para nuestro caso, solo un poder mayor pudo haber detenido el saqueo al Estado y la destrucción de la capacidad de respuesta ante emergencias… Ese poder mayor, a excepción del divino, debiera ostentarlo el pueblo de Chile, llamado el soberano que confiere el poder, sin embargo, solo tiene el poder de poner al gobernante con su voto, pero, no tiene el poder de quitarlo…

Luego, sin el poder de quitar a quien saquea el Estado desde la Presidencia, y destruye al país, al pueblo solo le queda sufrir al pobre cabeza de papa que esté cometiendo estupideces en el gobierno, saqueando al Estado, sin reconstruir viviendas incendiadas, o dejando morir en listas de espera, o contemplando cómo en el país se asesinan más chilenos en cuatro años que en 17 de un Gobierno Militar…

Si el poder que concede poder a un gobernante no tiene el poder de quitar a ese gobernante, no es un poder real, sino que es un medio para colocar al gobernante, una herramienta, un método, donde las personas son usadas como peones por los gobernantes para que los validen en sus cargos, y validen el sistema de saqueo que han inventado, jaja… Son muy re cara duras… Ni se arrugan, ni conocen la vergüenza de lo que hacen… Usan el poder para saquear al Estado, para tomar los recursos que puedan y esconderlos como ratas…

Ahora, además, cuando gobierna el zurderío más saqueador de izquierda, el más amplista, el más comunista, el más socialista, los más terroristas digamos, no solo vienen a saquear al Estado, sino que aman destruir a las fuerzas armadas y de orden, dejándolos sin presupuesto, procurando condenarlos con el método Chong, o el que sea, añadiendo a esto sus relaciones más afiatadas con narco terroristas internacionales de izquierdas, o narco descuartizadores de Ojedas, sumando a ello las fronteras abiertas para el ingreso de ilegales del tren de Aragua del mal, aunado a un poder judicial corrompido, en donde el delincuente reincidente es un negocio muy rentable, teniendo por resultado el aumento de portonazos, abordazos, delincuentazos, secuestros, … descuartizamientos, extracciones de Ojedas, … De esta forma se tiene por resultado un sistema hastiado de toda la mierda zurda y rezurda y recontra zurda…

Algo hay que hacer para poner en orden el sistema, colocar al delincuente preso, seguramente, quizá sin importar el método, … aunque creo que se debieran incluir azotes legales, uno por reincidencia; azotar corrige, dice la Biblia, …

También hay que dotar a las fuerzas de orden, o redotarlas de recursos, y darles el poder que necesiten para que hagan su trabajo para proteger al inocente y colocar al marvado en la cárcer…

También, se tiene que impedir que el cártel de los jueces Chong liberen a esos delincuentes, para que el negocio de los reincidentes que mantiene el poder judicial se acabe…

… Cualquier nación que aspire a que su gente viva en paz, necesita hacer lo que necesite hacer para que el delincuente esté detenido… Cómo lo haga, creo que aunque fuera poco respetuosa (si suma punteritos y azotes…) seguramente será más benigna para la sociedad que seguir permitiendo que los jueces liberen delincuentes que asesinan vidas en las calles, mal que siempre prolifera cuando llegan a gobernar los terroristas zurdo incendiarios socios de narcos …

Si no queremos que el policía le haga daño al delincuente en un procedimiento, recomendémosle al delincuente no delinquir… Creémosle al delincuente las condiciones necesarias para que no prefiera delinquir, quizá mostrándole el camino de la vida al que lo llevan, quizá, las acciones de alguien que no hace el mal, cuya consciencia está en paz con el Creador y agradecido del sacrificio de Jesucristo…

Pero claro, si debemos educar y dar buenas condiciones a las personas que delinquen, también debemos educar a los políticos corruptos de izquierda, o de dónde sean, de alguna forma, sin dejarlos en impunidad, tal como se han ido las personas que conformaron la orquesta del saqueo del Estado de Chile en el gobierno de los picantes de izquierda y socios de socios de narco asesinos Borik que extrajeron a Ojeda y lo descuartizaron, así como dejaron a tantas familias sin subsidios habitacionales, a otros sin recursos hospitalarios, a otros asesinados por la delincuencia de los inmigrantes del pacto ONU Bachelet Borik Maduro…

Viva el orden, la patria y la buena conciencia…

Oh, disculpen por no colocar mi nombre, cosa que dicen que destruye la democracia… Es curioso que alguien de nombre desconocido destruya más la democracia que alguien que incendia el país encapuchado, con jueces que los protegen y políticos que los azuzan y les pagan por hacer terrorismo y luego los premian en el Congreso Nacional, corrompiendo al sistema que debiera amparar inocentes, convirtiéndolo en un nido de serpientes…